Acciones legales contra la Universidad Akfa por inscripción ilegal de estudiantes en programa de Derecho Comercial
La Universidad Akfa ha sido objeto de un proceso legal debido a admitir a varios estudiantes en su programa de Derecho Comercial para el año académico 2022/2023 sin obtener la licencia necesaria. La institución firmó contratos de oferta a largo plazo con los estudiantes y cobró tasas de matrícula que alcanzaban entre 12,5 y 25 millones de UZS. Ante esta situación, el Comité de Competencia ha tomado cartas en el asunto y ha ordenado la devolución de las tasas de matrícula a los estudiantes afectados.
De acuerdo con el Comité de Competición, la orden emitida a la Universidad Akfa ha sido motivada por múltiples quejas recibidas sobre el programa de «Derecho Comercial» de la universidad, el cual operaba sin la debida autorización. Las quejas también señalaron que las tasas de matrícula no estaban siendo reembolsadas a los alumnos afectados.
Se ha desvelado que la universidad comenzó a aceptar solicitudes para el programa de Derecho Comercial a pesar de que no contaba con la aprobación legal para ofrecer dicha formación. Los estudiantes admitidos en este programa no autorizado firmaron contratos para un curso de cuatro años y pagaron sumas significativas por concepto de matrícula. En total, se estimó que los pagos ascendían a 167,5 millones de UZS, según siete quejas presentadas ante el comité.
Ante la falta de licencia para el programa de Derecho Comercial, los estudiantes fueron informados en agosto de 2023 de la posibilidad de continuar sus estudios en un formato híbrido o transferirse al programa de Negocios Internacionales para el año académico 2023/2024. Muchos rechazaron esta opción, aunque algunos accedieron a cambiar de programa.
Hasta la fecha, los estudiantes afectados aún no han recibido el reembolso de las tasas de matrícula pagadas por servicios no prestados. La empresa responsabilizada, LLC «Universidad de Asia Central», ha sido instada a corregir las infracciones legales, reembolsar los montos adeudados a los estudiantes afectados y cumplir con las normativas pertinentes en materia de protección al consumidor.
