Creación de comisión gubernamental por engaño en venta de apartamentos a más de 1,000 personas en Tashkent
El gobierno de Uzbekistán ha tomado medidas para abordar el problema de los ciudadanos que fueron engañados al comprar una casa en el conjunto residencial Izzat en la ciudad de Tashkent. Se ha formado una comisión gubernamental, presidida por el viceprimer ministro Achilbay Ramatov, para estudiar los problemas y proponer soluciones.
El caso surgió cuando un grupo de ciudadanos denunció que, a pesar de haber llegado a un acuerdo con la empresa constructora «AZIYA INVEST FAVORIT» LLC, las obras de construcción aún no han comenzado después de más de un año y medio. Los afectados también publicaron videos en plataformas como YouTube y Telegram, destacando los desacuerdos entre los compradores y los empleados de la empresa.
Según fuentes en la oficina del fiscal, el daño causado a los ciudadanos por los funcionarios de «AZIYA INVEST FAVORIT» LLC supera los 300 mil millones de soums, y se ha iniciado una causa penal en virtud del artículo 168-4 del Código Penal. Los ciudadanos afectados afirman que los constructores nunca tuvieron la intención de construir las casas y que establecieron el precio más bajo por metro cuadrado para engañar a los compradores.
Después de que el sitio web Kun.uz publicó un artículo sobre este caso, el Gabinete de Ministros emitió una orden para formar una comisión gubernamental y resolver la situación lo más rápido posible. La comisión, encabezada por el viceprimer ministro Achilbay Ramatov, incluye al Ministro de Justicia, a los Viceministros de Construcción, Asuntos Internos, Situaciones de Emergencia, Energía y Finanzas, y a otros funcionarios.
Se espera que la comisión complete el estudio antes del 20 de julio y presente propuestas al Gabinete de Ministros para abordar este problema. El gobierno está comprometido en garantizar que se complete la construcción de viviendas de manera rápida y de alta calidad, y en proteger los intereses de los inversores en proyectos inmobiliarios.
Esperemos que estas medidas permitan resolver el problema y brinden justicia a los ciudadanos afectados por estas prácticas fraudulentas en la industria de la construcción.
