Descubriendo cómo prevenir el conflicto de intereses.
Mongolia se encuentra en un punto crítico para transformar su sistema legal en pro de la integridad del servicio público y prevenir conflictos de intereses. Las nuevas enmiendas a la ley sobre la regulación de los intereses públicos y privados, y la prevención de conflictos de intereses en el servicio público buscan limitar la participación en actividades comerciales entre el gobierno y políticos de alto rango y altos funcionarios. Para asegurar la efectividad de esta ley, es necesaria la implementación de medidas de supervisión sólidas.
La agencia anticorrupción ha trabajado desde su establecimiento en 2006 para abordar los conflictos de interés entre los políticos, los cuales erosionan la confianza pública y socavan la gobernabilidad efectiva. En diciembre de 2022, la indignación pública alcanzó su punto máximo y se manifestó en una importante manifestación en la plaza principal de Ulaanbaatar. En respuesta, el Primer Ministro Luvsannamsrain Oyun-Erdene lanzó una ambiciosa campaña anticorrupción que abarca operaciones como «denuncia» para exponer delitos de corrupción, «eliminación» para remover a los «parásitos» de los cargos públicos y traer de vuelta fugitivos en el extranjero. Además, busca recuperar fondos ilegales ocultos en el extranjero.
La ley propuesta impone restricciones a los funcionarios gubernamentales de alto rango, como el presidente, el presidente del parlamento, el primer ministro, los miembros del parlamento, los ministros del gabinete, los gobernadores provinciales y sus asociados cercanos. Estas restricciones prohíben específicamente su participación en compras financiadas por el gobierno y les impiden solicitar préstamos en condiciones favorables, donaciones o garantías. Esta prohibición creará una clara separación entre los ámbitos de los negocios y la política en el papel. Adicionalmente, la ley también requiere que los cónyuges de estos funcionarios renuncien a sus cargos en la función pública.
Las cláusulas de prohibición se extienden más allá de estos funcionarios para abarcar a los presidentes de partidos políticos con escaños en el parlamento, miembros de la Corte Constitucional y la Corte Suprema, el Fiscal General del Estado, miembros del Consejo de la Función Pública, jefes y diputados de varias agencias como el Banco de Mongolia, Comité de Elecciones Generales, y la Agencia Anticorrupción, entre otros. La nueva ley busca eliminar cualquier ventaja injusta o trato preferencial que puedan recibir políticos y altos funcionarios debido a sus intereses comerciales en proyectos gubernamentales o apoyo financiero.
La aprobación y promulgación exitosa de la ley propuesta enfrenta varios desafíos, que tienen el potencial de tener consecuencias políticas significativas. Estos desafíos se derivan principalmente de la resistencia de los intereses creados, las preocupaciones con respecto a la aplicación efectiva de la ley y la necesidad de implementar programas de educación y concientización.
La nueva ley también tiene implicaciones significativas para las próximas elecciones, ya que los afectados deberán decidir entre continuar en la política o concentrarse únicamente en sus negocios. Además, la ley extiende su alcance a los miembros de la familia inmediata, prohibiendo que ocupen altos cargos en cargos públicos o sean empleados por empresas estatales.
Para abordar de manera efectiva los desafíos y evitar que persistan los conflictos de intereses, es necesario establecer un seguimiento riguroso de los beneficiarios reales. Se deben hacer esfuerzos para garantizar que las personas no puedan esconderse detrás de accionistas apoderados o acuerdos encubiertos, lo que requiere mecanismos de monitoreo efectivos. Para mejorar la transparencia, el gobierno debe mejorar la recopilación, el almacenamiento, la verificación y la divulgación pública de la información sobre beneficiarios reales, entre otras medidas.
Extraer lecciones de estos desafíos permitirá a Mongolia desarrollar estrategias integrales para disuadir efectivamente los conflictos de intereses. La implementación de un enfoque proactivo que incluya la detección de beneficiarios reales es crucial para establecer un sistema de gobernanza que priorice la integridad y restablezca la confianza pública. No obstante, es vital reconocer y abordar los riesgos potenciales de evasión y abuso dentro de dicho sistema.
