Presuntos cargos presentados por robo de fondos de la UE en Hungría
La Fiscalía Central de Instrucción ha presentado cargos en un caso de corrupción relacionado con subvenciones para licitaciones. La Fiscalía General ha señalado a 54 personas físicas, entre ellas altos cargos, y 25 personas jurídicas implicadas.
Los fondos recibidos superaron los 25.000 millones de HUF (64.614.993 EUR) en valor total, lo que dio lugar a una extensa investigación que abarcó más de 100.000 páginas de documentos y una acusación de 400 páginas. Los cargos se refieren a soborno y delitos relacionados. Los detalles sugieren la participación de 108 solicitudes, principalmente del Programa Operativo de Innovación y Desarrollo Económico financiado por la UE, junto con 8 solicitudes del Programa de Apoyo a la Salud, financiado a nivel nacional, según Index. La acusación alega que:
Un funcionario clave estableció una red de corrupción altamente estructurada, aprovechando amplias conexiones con gerentes de proyectos y ejecutivos de las empresas solicitantes.
El valor total de las solicitudes de financiación presentadas superó los 25 mil millones de HUF.
Los detalles
El comunicado de la Fiscalía Central de Instrucción afirma que el plan involucraba a este individuo, junto con un grupo de funcionarios bajo su representación, orquestando la obtención de adjudicaciones de licitaciones, manipulando auditorías a favor de empresas y otorgando evaluaciones favorables a las solicitudes de licitación a cambio de millones de euros. La Fiscalía General proporcionó una amplia descripción de la investigación y reveló que se examinaron más de 300 solicitudes, se registraron 50 lugares y se incautaron más de 600 pruebas penales. El caso arrojó la asombrosa cantidad de 100.000 páginas de documentos de investigación, y la acusación abarcó aproximadamente 400 páginas. En el escrito de acusación, la Fiscalía General recomendaba una pena de prisión, multas de varios millones de florines y la prohibición permanente de ejercer cargos públicos para los 12 funcionarios, además de multas para las empresas implicadas. Además, la Fiscalía General propuso la confiscación de activos de los funcionarios por valor de alrededor de mil millones de florines (aproximadamente 2.584.599 euros), derivados de la corrupción. La declaración explicaba además que para facilitar la confiscación de activos, todos los activos –tanto los que superaban los montos del soborno recibido como los que no coincidían con sus ingresos documentados– fueron confiscados a los acusados y sus familiares y puestos bajo arresto. A lo largo del proceso, varios sospechosos hicieron confesiones reveladoras que ayudaron significativamente a la oficina a resolver el caso.
